La deportación de migrantes centroamericanos en Estados Unidos afecta la salud mental tanto de quienes son repatriados, como de sus familias y comunidades. Aquéllos que son devueltos tras haber vivido largo tiempo en Estados Unidos dejan atrás familiares y amigos, y deben readaptarse a una sociedad con la que han perdido contacto. Los que son detenidos poco tiempo después de cruzar la frontera, en cambio, pueden experimentar sensación de fracaso al no haber cumplido su objetivo de migrar. En ambos casos, al llegar a sus países de origen, los deportados sufren discriminación y rechazo.
Ante el endurecimiento en las políticas migratorias y el consiguiente aumento de violaciones a los derechos de los migrantes —menores de edad muchos de ellos— que carecen de documentos en México y Centroamérica —tanto en origen, tránsito, destino y retorno—, la protección consular debe posicionarse, institucionalizarse y consolidarse como política de Estado. Por fortuna, en la última década los gobiernos centroamericanos —siguiendo el ejemplo de México— han comenzado a situar la protección consular como una política pública prioritaria; sin embargo, se sigue privilegiando el trabajo diplomático sobre el consular.